Morena a favor de crear una fiscalía que garantice el acceso a la verdad y a la justicia

Durante la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, al interior de la Comisión de Justicia, el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre de la bancada de Morena, adelantó que su partido votará a favor de esta propuesta en los términos aprobados por el Senado de la República.

El también secretario de la comisión de Justicia, consideró que hay una deuda en esta materia y urgió a rediseñar las instituciones de justicia, para lograr que éstas cuenten con la estructura y herramientas necesarias para perseguir los delitos de manera eficaz.

“En las cifras está la realidad, hoy la PGR no es capaz de esclarecer delitos y tiene una efectividad inferior al 1 %. Estas cifras hablan del fracaso de una Procuraduría cara, ineficiente y obsoleta”, acusó.

Lamentó que en los últimos 4 años, el Congreso ha sido omiso en expedir una ley que regule el funcionamiento de la Fiscalía, de la que depende no sólo la operatividad de este órgano, sino también el nombramiento de su titular y otros fiscales, como es el caso del encargado de combatir la corrupción.

“Llevamos más de un año con un encargado de despacho, al frente de una procuraduría que ha quedado desarticulada. Hoy, que inicia un nuevo gobierno que está obligado a dar resultados, sería muy lamentable correr el riesgo de seguir -incluso hasta el siguiente año- con un encargado de despacho, por la ausencia de una ley que permita al Senado proceder al nombramiento del próximo fiscal y a esta Cámara, analizar la suficiencia presupuestal”, agregó.

Salazar Fernández consideró que esta minuta plantea un cambio radical frente al modelo ya inoperante de la Procuraduría, y es fruto de muchos años de análisis y mesas de trabajos con expertos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades.

Asimismo, destacó algunas de las cualidades de este nuevo proyecto de ley, entre ellas, la flexibilidad en la investigación y persecución penal; esta ley, dijo, elimina la rigidez con la que se desarrollan las investigaciones, toda vez que promueve que haya equipos de recursos humanos multidisciplinarios que se adapten a los fenómenos delictivos con mayor rapidez.

También, detalló, se incorpora un plan de persecución penal con el que identificarán los problemas, para priorizar su atención, a fin de dar respuestas adecuadas y diferenciadas, a las demandas ciudadanas, de acuerdo con la incidencia de los fenómenos delictivos de relevancia nacional.

Y en función de lo anterior, indicó, será el despliegue territorial, estableciendo unidades o equipos que puedan integrarse y desintegrarse en la medida que se cumplan los objetivos que motivaron su creación, es decir, se eliminarán las estructuras fijas innecesarias, ya que cada entidad atiende una realidad e incidencia criminal distinta.

En cuanto al servicio profesional de carrera y la regulación de diferentes subsistemas, dijo, será uno de los elementos que ayudarán a garantizar el ingreso y desarrollo del personal más calificado para la institución, gracias a la implementación de un plan de transición estratégico.

Por otro lado, señaló que, en este proyecto no se considera la creación de fiscalías especializadas en un delito, ya que se busca evitar replicar el modelo anterior.

“El modelo anterior asumía que, creando unidades o fiscalías especiales, fingía dar respuesta al clamor de las víctimas, mientras sólo se creaban ‘elefantes blancos’ y un infierno de ventanillas múltiples para las víctimas. Que no existan fiscalías especializadas en un delito, no quiere decir que no existirán especialistas en la investigación del mismo, concentrados en combatir los mercados, las redes y estructuras criminales específicas”, subrayó.

Finalmente, Salazar Fernández reiteró que el voto de Morena será a favor del proyecto, porque están a favor de contar con un equipo de expertos, investigadores y litigantes que den resultados, caso por caso, a los delitos que más lastiman a la sociedad. Y a favor de un modelo capaz de dar respuesta y proteger los derechos fundamentales de las victimas afectadas por la violencia. A favor de una institución capaz de asegurar el acceso a la verdad y a la justicia.

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